El consejero regional Héctor Aguilar Narváez advirtió que la provincia de Carabaya atraviesa una situación crítica por el impacto de la minería ilegal e informal, que ha contaminado la cuenca del río Ramis y zonas como Coasa. La magnitud del daño ambiental llevó a que la provincia sea declarada en emergencia, en un contexto donde el Estado aún no logra controlar las operaciones mineras clandestinas que destruyen los ecosistemas y amenazan la salud de la población.

Aguilar señaló que la falta de delimitación territorial impide una intervención efectiva de las autoridades, lo que agrava la expansión de la minería sin regulación. “Toda la cuenca Madre de Dios nos preocupa”, afirmó, al remarcar que esta actividad no solo genera contaminación, sino también delitos ambientales y violencia en las comunidades cercanas.

Desde el Consejo Regional de Puno se vienen impulsando ordenanzas y acuerdos para fortalecer las sanciones y promover una minería responsable. “No estamos en contra de la minería, pero tiene que hacerse de manera controlada”, enfatizó el consejero, quien reclamó mayor presencia del Estado y medidas urgentes para detener la destrucción ambiental que avanza sin freno en Carabaya.

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