Marcelino Quispe, el nuevo abogado de los comuneros condenados y encarcelados en Cusco por participar en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, denuncia graves irregularidades. Quispe alega que desde el arresto de los jóvenes hubo irregularidades y colusión entre las autoridades. Según Quispe, el grupo Terna capturó a los campesinos y el procurador, en representación del Ministerio Público, actuó de manera conjunta para manipular el proceso judicial.

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Quispe afirma que el sistema judicial cometió presunto fraude procesal al no respetar las leyes y al permitir que los campesinos fueran condenados injustamente. El abogado sostiene que hubo una premeditada colusión entre las autoridades para asegurar que los campesinos pagaran por los incidentes durante las protestas. El abogado defensor critica la actuación del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, y señala que estas entidades actuaron en complicidad para condenar a los jóvenes.

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Marcelino Quispe explicó que el recién asumió la defensa legal y no participó en el asesoramiento previo a los jóvenes para que aceptaran los cargos para acelerar el proceso. Sin embargo ahora apelará la sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia.

Él considera que no se puede responsabilizar adecuadamente a los jóvenes ya que el delito fue un tumulto en grupo. «Más de 1,500 personas participaron en las protestas en Cusco y hasta 4,000 a nivel nacional. Identificar a los autores en estas circunstancias resulta extremadamente difícil», según Quispe.

El abogado también critica a la jueza que declaró consentida la sentencia. Asegura que la jueza actuó durante sus vacaciones y que la decisión fue para facilitar su ascenso a vocal. Además, menciona que los comuneros, que en su mayoría solo tienen educación primaria, no comprenden bien la naturaleza de los delitos imputados.

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Quispe planea presentar un recurso de casación y llevar el caso al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. También señaló que los jóvenes fueron obligados a participar en las marchas por el Comité de Lucha de Calca y Pisac. Según el abogado, estos líderes comunitarios enviaron oficios para aprobar las movilizaciones y luego abandonaron a los campesinos cuando estos enfrentaron problemas legales.

El abogado defensor también mencionó que algunos miembros de la comunidad han enviado un memorial al juez, indicando que fueron forzados a participar en las protestas y luego abandonados. Quispe afirma que también denunciarán a los dirigentes que obligaron a los campesinos a asistir a las marchas y a los abogados que les aconsejaron aceptar los cargos. Esta denuncia de irregularidades y la presión para la liberación de los condenados son temas centrales en este conflicto.