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Exgobernador de Huancavelica plantea subir impuesto a Chinalco y otras mineras para financiar la Nueva Carretera Central

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El exgobernador regional de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez Oré, propuso elevar en 4.5% el impuesto a la renta de las grandes empresas mineras para financiar la Nueva Carretera Central, obra que requiere una inversión estimada de 24 mil millones de soles.

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La iniciativa de la exautoridad implica crear un fondo intangible destinado exclusivamente para el proyecto, con el objetivo de asegurar su ejecución total y evitar que dependa únicamente del presupuesto público.

El exfuncionario señaló de manera directa a compañías como Chinalco, operadora del proyecto cuprífero Toromocho, además de Volcan y Buenaventura, que utilizan la actual carretera Central para transportar minerales. Álvarez planteó que estas empresas asuman un aporte adicional sobre la tasa vigente del impuesto a la renta, actualmente fijada en 29.5%, y que el incremento financie exclusivamente la autopista Daniel Alcides Carrión.

“Que las empresas mineras rasquen su bolsita y aporten para su propio camino de integración”, afirmó en declaraciones de Huanca York Times.

Bonos soberanos

Álvarez puso por escrito sus propuestas y las redactó como proyectos de ley que las entregó al congresista de su región, Alfredo Pariona.  Una segunda propuesta incluye la emisión de bonos soberanos por 4,000 millones de dólares, equivalentes a unos 16,000 millones de soles. Según explicó, este endeudamiento externo, con plazos de pago entre 15 y 30 años, permitiría apalancar el financiamiento y sostener la continuidad de las obras sin presionar el gasto anual del Estado.

Las ideas de la exautoridad ocurren luego de que el nuevo presidente encargado, José María Balcázar anunciara una asignación inicial de 600 millones de soles para iniciar en julio el túnel Pariachi; sin embargo, autoridades regionales consideran insuficiente ese monto frente al costo total del proyecto. Además, mantienen su rechazo a la propuesta del Ministerio de Economía de impulsar la obra mediante una Asociación Público-Privada (APP), modalidad que, advierten, podría retrasar la ejecución por décadas.

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