La crisis turística en Machu Picchu alcanzó un punto álgido tras una reunión de cinco horas en Lima entre autoridades del Cusco y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilu León. El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, se retiró del encuentro después de expresar su desacuerdo con la agenda oficial.

El diálogo incluyó al gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Rosendo Baca Palomino; al alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos; al alcalde distrital de Machu Picchu, Elvis Latorre; y a representantes de gremios turísticos y empresas operadoras.

Salcedo propuso la creación de una autoridad autónoma regional para gestionar el santuario histórico. Según su posición, esta medida permitiría resolver los problemas estructurales del área, que van más allá del transporte. La ministra León cuestionó la actitud del gobernador y señaló que acudió con una agenda distinta a la programada, centrada únicamente en la seguridad y el transporte de visitantes.

Crisis turística en Machu Picchu enciende tensiones políticas

Durante la reunión, los participantes acordaron reanudar las actividades turísticas y garantizar la continuidad de los servicios desde y hacia Machu Picchu en beneficio de visitantes nacionales, extranjeros y la población local. El acuerdo se tomó luego de que comuneros de la zona dieran una tregua hasta las ocho de la mañana del día siguiente para no bloquear la línea férrea.

Sin embargo, el gobernador de Cusco aclaró que él no podía atribuirse la decisión de normalizar los servicios, ya que corresponde a los alcaldes de Urubamba y Machu Picchu.

El próximo viernes 19 de septiembre se instalará en Cusco una mesa de trabajo con municipalidades provinciales y distritales, gremios turísticos y empresas de transporte en la ruta Hiram Bingham. También participarán las empresas Consetur y San Antonio de Torontoy, con el objetivo de abordar la problemática del transporte y reforzar la seguridad de los turistas.

Buscando responsabilidades 

Salcedo responsabilizó al Gobierno nacional del perjuicio económico generado por los bloqueos y denunció que grandes empresas lucran en cantidades exorbitantes mientras pequeños empresarios locales sufren pérdidas por no ponerse de acuerdo.

Calculó que se canceló el 18% de las reservas turísticas hacia Cusco, con un impacto superior a 300 millones de soles. La ministra León estimó las pérdidas en dos millones de soles por día y anunció denuncias contra quienes atacaron la vía férrea Ollantaytambo–Machu Picchu.

El gobernador reiteró que la descentralización es clave y criticó al Ministerio de Cultura por administrar Machu Picchu desde Lima sin presencia directa en el santuario. Señaló que la Unidad de Gestión Machu Picchu debe transformarse en una entidad con autonomía real. Además, convocó a la unidad de los cusqueños para defender el patrimonio y proteger la principal actividad económica de la región, de la que depende más del 70% de su población.

En medio de la crisis turística en Machu Picchu, tanto el Gobierno regional como el nacional enfrentan el reto de lograr consensos que aseguren la estabilidad del sector y la economía de miles de familias cusqueñas.