Consettur, empresa sin concesión, sigue operando en la carretera hacia la ciudad inka, mientras San Antonio de Torontoy pelea por hacer cumplir su contrato. Esa disputa generó un nuevo conflicto social que ha dejado 15 heridos y miles de turistas afectados. Volvió a mostrar también una cadena de deficiencias en la gestión del destino turístico más importante del país.

Por José Víctor Salcedo Ccama

Un joven sangra a chorros por la cabeza. La sangre rueda por su cara; se echa agua en la herida. “Ese es el amedrentamiento de la Policía Nacional”, dice alguien. Otro muchacho ha sido golpeado en el pómulo izquierdo y está conmocionado. Le ponen un parche para contener el sangrado. “Como delincuentes nos tratan”, dice un varón, mientras graba al joven con el parche. “No arranches, te estamos grabando, huev…”, grita otro varón.

Policías y pobladores forcejean; se golpean. Alguien le menta la madre a alguien. Un policía dispara: una detrás de otra, las bombas lacrimógenas caen en medio de la noche y de los manifestantes. Quieren dispersar a las personas que, con sus cuerpos, han impedido el paso de trenes hacia el pueblo de Machupicchu. “Corruptos”, les gritan a los policías que siguen disparando. “No provoquen, no tiren piedras, como policía no tires piedras”, reclama otro. Las mujeres gritan desesperadas.

Apenas han sido dos minutos, pero esas imágenes, en ese corto tiempo, condensan un escenario de abusos y caos, de intereses y complicidades, de mala gestión y desinterés estatal. Una mezcla que daña a Machupicchu como destino turístico.

La protesta comenzó porque Consettur no quiere dejar el servicio de transporte de turistas. Se aferra a ese negocio pese a que su concesión acabó el 4 de septiembre. Ese monopolio operó en la carretera Hiram Bingham durante tres décadas y, desde el 5, continúa haciéndolo sin concesión ni permisos, pero con protección policial.

Dice Ronald Vera, alcalde de Urubamba, que esta empresa opera en forma ilegal y usurpa un bien público: la carretera Hiram Bingham. “Se quiere enquistar con leguleyadas. Nos denuncian a nosotros”, asegura. No sabe qué hacer para que se cumpla el plan de contingencia: que la nueva empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy empiece a operar mientras licite el servicio en cuatro meses. Tampoco asume su culpa por demorar el concurso.

Según José Manuel Mayorga, presidente de la Junta de Fiscales, lo resuelto por la Municipalidad de Urubamba debe cumplirse. “Este episodio –señaló– pasará como un hecho totalmente negativo. Existen decisiones que deben acatarse por parte de las empresas”.

San Antonio de Torontoy no puede trasladar sus dieciocho buses al pueblo de Machupicchu. Primero se retrasó por trámites con la empresa de trenes Perurail. Luego, cuando todo estaba listo, desconocidos sabotearon el tren: cortaron la manguera de frenos.

Ni un solo bus ha sido trasladado todavía. Eso recuerda lo que pasó hace unos añoscuando el Consorcio Machupicchu Pueblo consiguió autorización para operar en la ruta con 12 buses. Cuando iban a trasladar los buses hubo protestas y amenazas: decían que iban a quemarlos en cuanto llegaran. Esa empresa suspendió el traslado y renunció al servicio.

Pelea de millones

El conflicto empezó como una pelea de dos empresas por un negocio de 50 millones de soles anuales, o más. Comenzó con protestas y plantones contra Perurail que no trasladaba los buses de la nueva empresa San Antonio de Torontoy. Ahora es un asunto de interés social. La tensión escaló poco a poco, aunque nadie parecía darse cuenta. Machupicchu acordó un paro preventivo para el 14 y 15 de septiembre contra Consettur y Perurail. El presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses, Darwin Baca, acusó a Perurail de retrasar el traslado de buses de la nueva empresa y, con eso, favorecer al monopolio.

En paralelo, Fiscalía y Contraloría intervenían la Municipalidad de Urubamba por la concesión temporal a San Antonio de Torontoy. Se denunció ilegalidad y conflicto de intereses: el hermano del regidor Mariano Tapia es dueño de dos buses de la nueva empresa. Elvis La Torre, alcalde de Machupicchu, eligió defender al monopolio. Su padre es socio del monopolio; él, presidente de la Junta de Accionistas de Tramusa, empresa municipal asociada a Consettur. El alcalde recibió fue abucheado y, desde entonces, no da la cara en el pueblo.

El paro

En el primer día del paro no hubo problemas; en el segundo, no dejaron pasar trenes. Cientos de turistas no pudieron entrar ni salir del pueblo. En la noche habilitaron tres trenes “humanitarios” para sacarlos de allí. Luego hubo una tregua entre la tarde del 16 y las ocho de la mañana del 17 para que retiren a los visitantes.

Gremios turísticos calcularon pérdidas de un millón de soles diarios. Según Rosendo Baca, gerente de Comercio Exterior y Turismo de Cusco, empezaron a cancelar reservas, que dentro de poco llegaría a 15 %.

En ese escenario, la Presidencia del Consejo de Ministros reunió a los actores en una mesa. Ese primer intentó no solucionó nada. Después se lavó las manos: dijo que la ruta era de competencia exclusiva de la Municipalidad Provincial de Urubamba. Werner Salcedo, gobernador del Cusco, cuestionó que no se tomen decisiones para reglamentar la gestión de Machupicchu y el turismo.

En plena crisis, los empresarios de la Cámara de Comercio del Cusco exigieron que el Santuario Histórico de Machupicchu sea declarado “activo crítico nacional”, como si se trata de una mina, un aeropuerto o una carretera cualquiera, y no un patrimonio mundial. El otro pedido fue que se cree una autoridad autónoma para que encargue de gestionar el sitio.

¿No vale la pena?

Con los días, el conflicto se volvió noticia mundial y llegó a New7Wonders. La organización advirtió que Machupicchu podía perder el título de maravilla del mundo, distinción que obtuvo en 2007. Algunos interpretaron que eso significaba su ingreso a la lista de patrimonio mundial en peligro. El Ministerio de Cultura lo negó: recordó que solo la Unesco puede decidir incluirla en la lista negra. Cierto, pero el desmentido no borra los problemas que arrastra Machupicchu.

Hace poco, la revista especializada Travel and Tour World (TTW) dijo que ya no valía la pena visitarla: que dejó de ser un destino recomendable por sus altos costos, la saturación y los impactos negativos en el patrimonio. Cierto, muchas veces llegar al sitio puede convertirse en un vía crucis. Un turista promedio viaja como sardina en trenes baratos de 12 soles; si quiere un tren turístico, pagará entre 60 y 560 dólares. En el pueblo, un plato de fondo cuesta 45 o 100 soles; una sopa, 20 o 30; pastas y carnes, 40 o 50. Una bebida gaseosa de un litro cuesta más de cinco dólares, como si, literalmente, fuera la última Coca-Cola en el desierto. Y si todavía no tiene boleto, deberá madrugar para comprarlo en el Centro Cultural. Conseguir un pase puede tomar dos o tres días. En ocasiones, los turistas quedan varados por conflictos y se van son conocer la maravilla.

El aforo infinito

Hoy las miradas se concentran en la disputa por un negocio, pero el verdadero problema es la mala gestión del sitio: un transporte monopólico, la deficiente venta de boletos, eldeterioro del patrimonio y los intentos de inflar el aforo sin sustento técnico.

Cada cierto tiempo, Estado y empresarios parecen más preocupados en aumentar las visitas a Machupicchu que en protegerlo. Entre 2015 y 2025, el aforo diario pasó de 2 500 a 5 600 personas en temporada alta. Y en febrero pasado, el Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales quiso llevar esa cifra a 27 000. La propuesta fracasó, porque equivalía a poner en riesgo la ciudad inka.

Pocos recuerdan que en 2015 el consultor Douglas Comer advirtió que la multitud en Machupicchu aceleraba su deterioro: cada paso ponía en riesgo espacios arqueológicos, plantas, animales y fuentes de agua. Eran daños irreversibles en la arquitectura del monumento. Tres años después, en 2018, otro especialista, Carlos Cano Núñez, confirmó el desgaste en la superficie de las piedras en escalinatas y plataformas de caminos, y las lluvias comenzaban a desestabilizar terrazas y muros.

La crisis no acaba

Volvamos al pueblo de Machupicchu, al sábado 13 de septiembre. Darwin Baca, dirigente del frente de defensa, sale a la calle con chaleco antibalas y rodeado de hombres de una empresa de seguridad. Usa esa protección porque empezó a recibir “amenazas de muerte”. Los vecinos cuentan que personas desconocidas, de actitud sospechosa, han llegado al lugar.

Baca cuestiona el monopolio y defiende el ingreso de la nueva empresa. “Hemos tenido amenazas muy delicadas, contra la vida. Nos preocupa, pero no nos quita las ganas de que se cumpla la ley”, afirma.

Ese sábado, el ambiente ya estaba enrarecido y era previsible que el conflicto escalaría. Y escaló: la noche del lunes una represión policial dejó 15 heridos. Horas después, según reportes, dos personas murieron en un accidente cuando regresaban de llevar medicamentos a sus familiares heridos.

El paro de dos días ya era indefinido. La noche del martes, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, se reunió con autoridades de Urubamba en Lima. Según los alcaldes, León respaldó que el monopolio siga operando sin tener concesión. El gobernador Werner Salcedo añadió que, en la mesa, León estaba más preocupada en el pan con chicharrón que en Machupicchu. El encuentro terminó con un acuerdo: instalar el 19 de septiembre una mesa de trabajo (hay tregua hasta ese día). Un espacio que, en teoría, debería resolver la transición del servicio de transporte turístico.

Y cuando eso ocurra, volverá a hablarse de la mala gestión de la maravilla. El turistapromedio seguirá pasando por un vía crucis. Viajará como sardina en trenes. Hará colas de madrugada para conseguir un boleto. Se quedará obligado en el pueblo para conseguir entradas. Pagará precios caros por comidas y bebidas. Subirá en buses costosos. Entrará a la ciudad inka donde verá a mucha gente. Y aun en ese escenario babélico, quedará maravillado. No sabrá, sin embargo, que la maravilla se deteriora día tras día, poco a poco.