La Comisión de Fiscalización del Congreso volvió a encender las alertas sobre la concesión hotel Sanctuary Lodge, operada por la empresa Belmond. Durante su vigésima sexta sesión extraordinaria, los legisladores discutieron la legalidad de la adenda que renovó el contrato en 2013 hasta mayo de 2025.
En esa sesión, el presidente de la comisión, Juan Burgos, planteó una moción para instalar una comisión investigadora. El objetivo será revisar desde el inicio del acuerdo hasta los ingresos reales que obtuvo la empresa hotelera durante la pandemia.
La sesión también expuso tensiones políticas. El gobernador regional del Cusco, Werner Máximo Salcedo Álvarez, no asistió a la audiencia. Su ausencia generó incomodidad entre los congresistas, quienes habían solicitado su testimonio para esclarecer posibles irregularidades en la renovación del contrato.
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Comisión de fiscalización del Congreso investigará concesión a Belmond del hotel Sanctuary Lodge
Belmond continúa con la operación del hotel Sanctuary Lodge en Machu Picchu gracias a una medida cautelar. Sin embargo, el contrato original venció en mayo de 2025. La adenda firmada en 2013 permitió la ampliación, pero su legitimidad ahora está bajo la lupa.
Katy Ugarte Mamani, congresista por Cusco, denunció que Jorge Acurio, entonces gobernador, firmó el documento mientras ya enfrentaba una condena que lo inhabilitaba. Según Ugarte, esa firma podría anular la adenda desde su origen.
Ella citó el artículo 1156 del Código Civil, que indica que una obligación queda resuelta si no puede cumplirse sin culpa de las partes. También pidió una mejor defensa legal por parte del Gobierno Regional del Cusco.
Los consejeros regionales sumaron presión. Exigieron investigar posibles comunicaciones privadas entre representantes de Belmond y el gobernador Salcedo, cuya transparencia aún sigue pendiente.
Mientras tanto, el Congreso busca aprobar la moción para la comisión investigadora. Si lo logra, sus miembros podrán citar a funcionarios, levantar información financiera y revisar documentos que aún no han salido a la luz.
La comisión también revisará los ingresos reales de Belmond en los últimos diez años. En especial, analizará lo sucedido durante la pandemia, cuando la actividad turística cayó y la empresa pidió una nueva prórroga del contrato.
Juan Burgos dejó en claro que el propósito de la investigación es determinar si el contrato perjudicó económicamente al Estado y si la renovación cumplió la ley.
El caso Sanctuary Lodge volvió a mover el tablero político y jurídico en Cusco. Las respuestas del gobernador, hasta ahora ausente, serán clave para el siguiente capítulo de esta historia.