Cusco registró 20 conflictos sociales, según se desprende del Reporte de Conflictos Sociales N° 229 de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al mes de marzo de 2023. Además, la entidad señala que otros dos casos pueden escalar a nuevos conflictos.

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La estadística presentada indica que es la región Loreto la que concentra la mayor cantidad de conflictos sociales, con 29 casos, seguida de Cusco, con 20, y Apurímac, con 18. Entre las alertas tempranas de situaciones que podrían generar futuros conflictos sociales en el país figuran 13 casos. En Cusco, dos situaciones requieren la urgente intervención de las autoridades para llegar a un punto de diálogo y consenso.

La primera de ellas está ubicada en el distrito de Huanoquite, en la provincia de Paruro. La comunidad campesina de Tantacalla podría ser desalojada de los terrenos comunales que ocupan, tras emitirse un fallo en su contra. Este caso actualmente está en el Juzgado Mixto de Paruro.Otro caso se registra en los distritos de Pisac y Coya, en la provincia de Calca. El caso es de tipo comunal e involucra a la comunidad de Viacha y la comunidad Coya Ccosco.

En Cusco, de los 20 conflictos sociales que se registran, 16 son activos y cuatro latentes. Entre estos casos se observa el que involucra a la Municipalidad Provincial de Urubamba, la Municipalidad Distrital de Machupicchu y la empresa Consettur, respecto a la decisión judicial del Primer Juzgado Mixto de Santiago (Cusco) que admitió una medida cautelar para que el Consorcio Machupicchu Pueblo (empresa de transportes) opere en la misma ruta que la empresa Consettur. Este caso se registró por primera vez en el año 2017, señala la información de la Defensoría del Pueblo.

Acciones de protesta

En marzo se registró 395 acciones de protesta. El 44.8 % están relacionadas al conflicto a la crisis política. La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades para que aborden estos conflictos de manera pacífica y respetando los derechos de las personas involucradas.

Es importante que se tomen medidas para evitar la escalada de estos conflictos y se llegue a soluciones consensuadas entre las partes involucradas. La Defensoría del Pueblo seguirá monitoreando la situación para garantizar el respeto a los derechos de todas las personas en el país.

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