El Gobierno anunció el estado de emergencia Cusco y Ayacucho por 60 días, a partir del 14 de agosto, debido al incremento del tráfico ilícito de drogas y la actividad de organizaciones criminales. La medida abarca ocho distritos de La Convención y siete de La Mar.
La publicación del Decreto Supremo se realizó este domingo en el diario oficial El Peruano. La norma establece que la Policía Nacional del Perú asumirá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
En La Convención, Cusco, la medida alcanza a Manitea, Kimbiri, Cielo Punco, Megantoni, Kumpirushiato, Echarate, Villa Virgen y Villa Kintiarina. En La Mar, Ayacucho, incluye a Samugari, Anco, Unión Progreso, Ayna, Santa Rosa, Anchihuay y Río Magdalena.
-
Recomendados:
- Dirigentes de Juliaca rechazan visita de ministros y exigen una profunda reorganización de la Policía en Puno
- Ayacucho: Adulta mayor de 90 años salva de morir tras sufrir violento asalto en su vivienda
- Loreto: Irregularidades en ODPE Requena por contrato de transporte electoral
El decreto excluye del alcance al centro poblado Kiteni, al “Eje Energético del Gas de Camisea” y al “Corredor Operacional Fluvial – Terrestre del Ene”.
Estado de emergencia Cusco se amplía en Junín
El mismo decreto amplía el estado de emergencia en dos distritos de Satipo, Junín: Pangoa y Río Tambo. La medida rige por el mismo plazo y fecha que en Cusco y Ayacucho.
Quedan fuera de la disposición los centros poblados Puerto Ocopa y Quiteni, además de la franja del río Ene.
El Ejecutivo precisó que esta prórroga responde a la necesidad de mantener acciones de control y seguridad frente a amenazas vinculadas al narcotráfico y a las actividades de grupos delictivos organizados.
El documento oficial también deroga los Decretos Supremos 085-2025-PCM, 090-2025-PCM y 099-2025-PCM, que establecían medidas similares en parte de estas jurisdicciones. Con ello, el nuevo decreto unifica las disposiciones y actualiza las zonas incluidas y excluidas.
La medida, que entrará en vigor desde el 14 de agosto, se suma a una serie de acciones del Estado para enfrentar delitos de alto impacto en zonas estratégicas del país. El Ejecutivo no ha precisado si al término del plazo se evaluará una nueva prórroga.