Entre 2022 y 2024, el Estado debía destinar S/ 1,284 millones a la compra de alimentos a pequeños agricultores, pero menos del 1% de esos fondos llegó a sus manos. La falta de interés del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y de los programas sociales en aplicar la Ley de Compras Públicas a la Agricultura Familiar favoreció a empresas de productos procesados en lugar de a los productores locales, revela una investigación de Salud con Lupa.

En regiones como Junín y Huancavelica, los agricultores familiares siguen vendiendo sus productos en mercados locales sin saber que el Estado está obligado a comprarles parte de su producción.

En Huancavelica, agricultoras como Martha Pérez y Rebeca Romero, del distrito de Pazos, desconocen que pueden vender sus cosechas a los municipios o a programas sociales como Wasi Mikuna (antes Qali Warma). Como ellas, miles de campesinos siguen excluidos del sistema de compras públicas debido a la falta de información y de apoyo técnico.

El problema se agrava porque solo 124 agricultores en Huancavelica están certificados para venderle al Estado. Además, muchos municipios ni siquiera han implementado los mecanismos necesarios. Por ejemplo, la Municipalidad Distrital de Pazos no ha activado su Comité de Compras Públicas de la Agricultura Familiar (Compragro) ni ha identificado a los agricultores que cumplen los requisitos, apunta Salud con Lupa.

En Junín, el panorama es similar. La Cooperativa Agraria Intirun Pachata Micuchisun (INPAMI) tardó más de nueve meses en obtener la certificación del Senasa para su planta de procesamiento primario. Luego, a pesar del esfuerzo y de cumplir con los trámites, en 2024 solo logró vender 118 kilos de papa nativa a la Municipalidad Distrital de Masma, en Jauja, para complementar los desayunos de 159 escolares.

El problema también se debe a la falta de compromiso de las autoridades locales. El alcalde de Ricrán, Néstor Baltazar, afirmó que desconocía la ley y que el Midagri nunca le informó cómo aplicarla.

Municipios que sí compraron, pero de forma aislada

A pesar de la falta de implementación generalizada, algunos municipios de Junín han realizado compras puntuales a productores locales. La Municipalidad Distrital de Mito adquirió 204 cuyes para complementar los desayunos escolares, pero lo hizo sin aplicar la ley correctamente.

Asimismo, la Municipalidad Distrital de Satipo, en a selva central, compró maíz, arveja, trigo, garbanzo, haba y mote a la Asociación de Productores Agroindustriales y Artesanales Génesis y a otros tres productores locales por S/ 185 mil.

A pesar de que Wasi Mikuna —ex Qali Warma— tiene un presupuesto de más de S/ 2,000 millones, no está diseñado para comprar directamente a pequeños productores. En 2023, solo cuatro de los 58 productos adquiridos por el programa fueron frescos.

El Estado justifica su incumplimiento alegando que aún no tiene un padrón completo de proveedores. Sin embargo, la ley aprobada en 2020, fue reglamentada en 2021 y, hasta la fecha, no fue implementado correctamente.

Para 2025, Wasi Mikuna ha anunciado que dará puntaje adicional en los procesos de licitación a los proveedores que incluyan alimentos provenientes de agricultores familiares. Pero esta medida traslada la responsabilidad a los intermediarios y no garantiza que los pequeños productores sean beneficiados directamente.

Intermediarios siguen beneficiándose

A pesar de que más de 45 mil agricultores en 22 regiones del país han obtenido la certificación para venderle al Estado, la participación de la agricultura familiar en las compras públicas sigue siendo mínima. Solo 45 municipios han conformado sus comités de compras, y de ellos, apenas cinco han realizado adquisiciones efectivas.

Mientras tanto, campesinos como Martha Pérez y Rebeca Romero continúan vendiendo sus productos en mercados locales, sujetos a precios fluctuantes y sin acceso a los beneficios de una ley que, en teoría, debería mejorar su economía.

Revisa el informe de Salud con Lupa

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