El pasado 1 de marzo, Cusco fue escenario del Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades que participan en política, donde más de 150 lideresas, activistas y autoridades debatieron sobre los desafíos actuales que enfrentan para defender los derechos de las mujeres. Entre otras problemáticas, el encuentro sirvió para visibilizar el acoso político que sufren diversas autoridades mujeres, quienes denunciaron ser víctimas de difamación y discriminación, tan solo, por ocupar cargos públicos.

A través de sus testimonios expusieron la dura realidad que enfrentan en sus espacios de liderazgo o ejerciendo la función pública. Entre la indiferencia del Estado, la corrupción y el acoso político, sus relatos evidenciaron la urgencia de tomar acciones concretas para garantizar la participación y protección de las mujeres en cargos de poder.

«No encontramos aliados»

Dora Cutipa Puma, regidora del distrito de Huancarani, provincia de Paucartambo expresó su preocupación por la falta de apoyo hacia su organización de mujeres. «Hace poco en el distrito de Huancarani intentamos fortalecer nuestra organización de mujeres, pero no encontramos aliados. Busqué apoyo en la oficina de la congresista Ruth Luque y en el gobierno Regional del Cusco, pero tampoco se pudo», relató.

La regidora denunció que en su distrito, las mujeres de sus 18 comunidades, son relegadas permanentemente y enfrentan múltiples barreras para organizarse. La falta de presupuesto es una de las principales trabas para consolidar su organización. «Sin embargo, nosotras como autoridades no podemos dejarlas aisladas, pero necesitamos estrategias y aliados para que esto avance», enfatizó.

Acoso político a regidoras

Nelida Collantes Candia, regidora de la municipalidad provincial de Acomayo, compartió su experiencia como víctima de acoso político. Señaló que el hostigamiento que sufre también alcanza a sus otras dos compañeras regidoras. «El 6 de febrero, aprovechando el día de comadres, trabajadores de la municipalidad abandonaron sus labores y realizaron burlas en nuestra contra, mencionando nuestros nombres con insultos y palabras groseras», denunció.

Las tres regidoras afectadas planean denunciar públicamente la situación para enfrentar la violencia política que viven. Según ellas, son víctimas de represalias solo por ejercer su labor de fiscalización, En ese sentido, buscan apoyo porque temen que las agresiones empeoren luego de la denuncia. «No es justo que, por querer poner orden en nuestra municipalidad, suframos este tipo de ataques», agregó Collantes.

«Desde el colegio nos oprimen»

Paula, una joven de Quispicanchi, tomó la palabra y relató la experiencia de discriminación y abuso que vivió estando en la escuela. Ella ejerció el cargo de alcaldesa de su institución educativa, sin embargo su liderazgo era constantemente atacado. «A los 13 años corregí a mi maestra de matemáticas frente a mis compañeros y, desde entonces, el colegio me marcó como problemática. Me hicieron la ley del hielo, los maestros me marginaron e incluso influenciaron a mis amigos para que se alejaran de mí», contó.

Su testimonio visibilizó el ambiente de opresión y censura que también se vive en las escuelas. «Hay maestros que golpean a los estudiantes, les rompen sus trabajos en la cara. Eso es maltrato psicológico», denunció. También mencionó que en los colegios se prohíbe la educación sobre derechos LGBT y la equidad de género. Para Paola, esta situación perpetúa la desigualdad desde la infancia. La joven pidió que las autoridades sean empáticas e intervengan para abordar estos temas en la educación pública.

«Nosotras mismas debemos tomar el poder»

Amelia Ramírez, presidenta de la Organización de Mujeres del distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, hizo un llamado a la acción.Resaltó la necesidad de que más mujeres asuman roles de liderazgo para “tomar el poder” y no quedarse solo en la queja. «No basta con ser regidoras. Debemos ser alcaldesas, gobernadoras, congresistas. Ya conocemos la realidad, hemos sufrido violencia y podemos hacer el cambio desde nuestro liderazgo», subrayó.

También expresó su preocupación porque algunas conductas antidemocráticas de algunos actores políticos de nivel nacional se replican por las autoridades locales. «Las mujeres de Cusco y de todo el país, somos utilizadas en política para que otros lleguen al poder y luego nos olvidan. Hay dictadura desde el nivel central, pero también en los gobiernos locales y regionales», afirmó.

Obstáculos, violencia y acoso político

El acoso político en los gobiernos locales se manifiesta de distintas maneras: marginación en la toma de decisiones, burlas en sesiones de consejo, negación de información y hasta agresiones directas. Para muchas regidoras y alcaldesas de regiones, el mayor reto no es solo gobernar, sino también resistir al machismo y la violencia política de género.

«Las mujeres, siendo autoridades o no, seguimos siendo pisoteadas. Yo lo he vivido como autoridad joven. Mi provincia sabe cómo he estado superando hasta ahora luchando en la municipalidad», expresa Verónica Cano, regidora de la municipalidad provincial de Quispicanchi. Como muchas otras, ella enfrenta un ambiente hostil en la entidad donde ejerce su labor de fiscalización. En su testimonio, dejó claro que, aunque las mujeres logren acceder al poder, muchas veces son marginadas o vistas como una amenaza dentro de las mismas estructuras políticas.

Mujeres de Cusco en política: silenciadas y desprotegidas

Un caso particularmente preocupante es el de Yolanda Quispe Orccohuarancca, tercera regidora de la Municipalidad distrital de San Jerónimo, provincia de Cusco, quien señala haber denunciado al alcalde Máximo Rimachi por maltrato psicológico y acoso político. Ella afirma que, desde que se presentó una solicitud de vacancia contra el alcalde, ha sido víctima de hostigamiento por parte de Rimachi y regidoras afines, quienes la acusan de estar detrás de la destitución. Según su relato, la situación se agravó el 11 de diciembre de 2024, cuando el burgomaestre la humilló en público y hasta la presionó para que renunciara.

Ella cuenta que denunció el hecho ante la policía, pero en la comisaría no quisieron recibir su testimonio. Además, asegura que tiene una discapacidad auditiva, la cual ha sido utilizada en su contra, sufriendo burlas en las Sesiones de Consejo. Además denunció que es blanco constante de represalias como la exclusión de integrar comisiones de trabajo y de aparecer en los registros audiovisuales oficiales de la gestión.

La regidora cuenta que el 21 de enero de 2025 formalizó su denuncia con apoyo de la Defensoría del Pueblo, logrando que su caso sea considerado como acoso político. Sin embargo, hasta hoy enfrenta obstáculos administrativos y no ha recibido garantías personales para su seguridad. Su abogada, Julissa del Centro de Emergencia Mujer CEM de San Jerónimo, ha apelado sin éxito.

Yolanda dijo que buscó apoyo y solicitó la intervención del congresista cusqueño Luis Ángel Aragón y de la parlamentaria Francis Alisson, presidenta de la Comisión de Inclusión Social del Congreso de la República, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

Falta de apoyo institucional

Las instituciones que deberían proteger a las mujeres en política muchas veces fallan en su labor. Muchas denuncias no son recibidas o se les da poca importancia, minimizando las agresiones. Los procesos son lentos y en muchas ocasiones no se llegan a sancionar a los responsables. 

Sin embargo, las organizaciones y redes de mujeres han sido clave para sostener y respaldar a quienes enfrentan estas dificultades. «Si no hay unión, no vamos a poder hacer nada», afirmaron en consenso. Asimismo,instaron a sus compañeras a organizarse y capacitarse para fortalecer su participación en política.

La congresista Ruth Luque, señaló que ante esta problemática, es fundamental exigir medidas de protección efectivas para las mujeres en política y garantizar que sus denuncias sean escuchadas y atendidas. Además, se debe promover una mejora en la Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política para efectivizar su reglamentación.

«Si solo hablamos y no actuamos, nada cambiará»

El encuentro concluyó con un llamado unánime a la acción organizada. «¡Hay que luchar, hay que resistir!” “¡No debemos permitir que nos aparten del poder!” “¡La política también es nuestra y vamos a ocupar los espacios que nos corresponden!», señalaron como mensaje en común.

Estas mujeres de Cusco buscan transformar la realidad, desde la academia, las organizaciones sociales y la política. «Si solo hablamos y no actuamos, nada cambiará. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos quedan. Pongámonos fuertes, luchemos juntas», enfatizó una de las participantes.

«No podemos permitir que fusionen el Ministerio de la Mujer con el MIDIS. Cada cosa tiene su lugar y la lucha por los derechos de las mujeres no debe diluirse», sostuvo otra de las lideresas.

La participación de las mujeres en la política de Cusco y de todo el Perú sigue siendo un camino lleno de obstáculos, marcado por la discriminación, el acoso y la violencia política. A pesar de los avances para alcanzar representación en el sector público, muchas lideresas enfrentan constantes cuestionamientos y agresiones por el simple hecho de ser mujeres y ocupar cargos de poder.

Los testimonios evidencian la urgencia de frenar la violencia de género en sus múltiples dimensiones, así como la necesidad de capacitar a las mujeres y garantizar que los espacios donde se desenvuelven sean seguros para que puedan ejercer sus derechos sin miedo ni represalias. La lucha continúa.